Impunidad y derechos humanos

04 de septiembre, 2018
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Impunidad y corrupción flotan en el imaginario colectivo de nuestra sociedad como los dos principales problemas del país. Le siguen inseguridad y pobreza, consideradas consecuencia de las anteriores. En espacios internacionales las han llegado a suponer como parte de nuestra idiosincrasia, estigmatizando a la población en general, aunque también nos describen por el ingenio, creatividad y trabajo. Alegría y solidaridad nos definen, negando así la naturalidad de los calificativos denigrantes como actuarordinario.

Entre lágrimas y gestos de impotencia la inspectora de Tianguistengo Puebla exigía justicia para las familias de Ricardo y Alberto, pues días antes fueron linchados por una turba alentada con anónimas denuncias vía redes sociales, culpándoles de ser robachicos operando en Acatlán. Desvinculados por la fiscalía poblana de pertenecer a grupos delictivos, reconocidos como campesinos y habiendo escuchado el lamento de su madre  y los testimonios de sus vecinos, en el discurso se exigió apoyo económico y psicológico para las víctimas. Pero la rabia de las clases más desprotegidas gritaban Justicia.

El INEGI ha concluido en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2017que del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 49% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades por parte de las víctimas destaca la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Vinculada a esta percepción se encuentra la idea de corrupción, pues el 77.7% de la población de 18 años y más considera corrupta a la policía de tránsito, policías municipales son también señaladas.

Los efectos más visibles de la impunidad se manifiestan en la política y en la ausencia del Estado de Derecho. Ante la flaqueza del Estado se dan prácticas ilegales por la certeza de no existir sanción alguna. Impunidad significa falta de castigo. Así, el vacío institucional es rebasado por la venganza y se concatenan acciones desordenadas en subsecuentes actos imposibles de someter a tribunales. La obligación del Estado de garantizar seguridad pública y respeto a los derechos humanos es una exigencia ordinaria de la sociedad cansada por la negligencia de sus representantes.

Impunidad y corrupción, consecuencia una de la otra son enrolladas en círculo vicioso. Baste ver los casos documentados por sociedad civil de la saliente legislatura potosina. Con la falta de castigo la población percibe lejana posibilidad de sancionar a diputados, incentivo de participar en corruptelas sin las cuáles parece no haber vía posible de lograr objetivos personales. Con la impunidad y la corrupción se desintegran lazos sociales, tierra fértil para un individualismo práctico de sobrevivencia.

Una forma de combatir la impunidad es la reparación del daño. A raíz de la Ley de víctimas en 2014 se dio un vuelco a dos primordiales concepciones: convertir en un hecho patrimonial las violaciones a derechos humanos e introducir aspectos antes obviados por los impartidores de justicia en materia penal. La restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y las medidas de no repetición son fundamentados por la nueva corriente en victimología como necesarios para la existencia de una verdadera reparación del daño.

La inclusión de estos criterios jurídicos en sentencias penalesy en recomendaciones de las comisiones de derechoshumanos ha sido una larga lucha y un logro de la sociedad civil. Los juzgados estaban acostumbrados a la reparación del daño material, sin tomar en cuenta los efectos no materiales del delito. Si acaso sugerían la vía civil para reclamar el daño moral, con implicación de otro sinuoso procedimiento jurídico en la ya cansada parte ofendida.

Las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos eran sólo de cumplimiento administrativo pues ordenaban capacitaciones e inicio de procedimientos administrativos ante órganos internos para las responsables. Las perpetradoras salían absueltas o no había seguimiento para culminar con sanciones. Risibles recomendaciones reducidas a regaño moral, cuyos responsables ni si quiera eran exhibidos.

En ambos casos, sentencia penal o recomendación, quien imponía sanción no imaginaba la idea de no repetición, mucho menos vislumbraba la satisfacción de la víctima. Estas concepciones fueron introducidas a la Ley General de Víctima por familiares de desaparecidos, personas secuestradas o víctimas de los más crueles delitos.

Una CEDH que osare presentarse como cumplidora del respeto a los derechos humanos de las víctimas debe hacer realidad los cinco supuestos y garantizar la reparación integral de daños, lo mismo un juzgador, pues “la impunidad premia el delito, induce a su repetición, estimula al delincuente y contagia su ejemplo”, decía Galeano.

No está de más un llamado a litigantes,  quienes deben pedir los cinco efectos a favor de sus asesorados.

Ricardo Sánchez