No hay manera de tener una administración pública ordenada sin archivos veraces

Seccion: 
Datos para página de portada
Galeria Noticia

El INAI y el AGN convocan al foro Ley General de Archivos. Armonización e implementación, los días 17 y 18 de junio

15 de junio, 2019
Versión PDF
Redacción

Ciudad de México.- No hay manera de mantener una administración pública ordenada sin archivos veraces, ciertos, identificables y actualizados, advirtió el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, en el marco de la entrada en vigor de la Ley General de Archivos (LGA), el 15 de junio de 2019.

Sostuvo que los archivos son determinantes para garantizar a las personas los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, pero advirtió que el diagnóstico actual de los fondos documentales es “lamentable” por la ausencia de procesos y técnicas claras para su conservación, así como por la falta de presupuesto para implementar sistemas institucionales en la materia.

Acuña Llamas destacó que “en los últimos 50 años, de manera paulatina, por otras necesidades económicas y políticas, se han descuidado los archivos” y se corría el riesgo de perder información pública valiosa.

Sin embargo, enfatizó que el país ya cuenta con una LGA, que establece los principios y bases generales para organizar, conservar, administrar y preservar los archivos de manera homogénea en los tres órdenes de Gobierno, vigente a partir de este 15 de junio.

En este contexto, el INAI y el Archivo General de la Nación convocan al foro Ley General de Archivos. Armonización e implementación, que tendrá lugar el lunes 17 de junio en las instalaciones del AGN y el martes 18 en la sede de este Instituto.

El objetivo es presentar los avances de la estrategia diseñada por el INAI y el AGN para la armonización de las leyes estatales con la LGA, así como discutir y analizar los retos para su implementación.

Javier Acuña señaló que la norma prevé la creación de un Sistema Nacional de Archivos, en el que la participación del INAI será determinante por ser el órgano encargado de supervisar de manera permanente la información contenida en el archivo de trámite, es decir, los documentos públicos generados a diario y que dejan registro del actuar de las instituciones.

“El INAI será en los hechos el mayor colaborador, a nivel federal, y los organismos garantes de transparencia de las entidades federativas, a nivel estatal, para que el archivo de trámite se asegure y se mantenga en regla”, subrayó el comisionado presidente.

La LGA contempla como sujetos obligados a todas las instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a nivel federal, estatal y municipal.

Entre las obligaciones prevé que todo servidor público al concluir su empleo, cargo o comisión debe garantizar a quien lo sustituya la entrega de archivos organizados, así como el deber de las instituciones de preservar los documentos sobre violaciones graves de derechos humanos y garantizar el acceso a los mismos.

La legislación establece un apartado de las infracciones administrativas y delitos en materia de archivos; en su artículo 121, prevé que será sancionada con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil a cinco mil veces la unidad de medida y actualización a la persona que lleve a cabo las siguientes acciones:

  • Sustraiga, oculte, altere, mutile, destruya o inutilice, total o parcialmente, información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo;
  • Transfiera la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio documental de la Nación;
  • Traslade fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la Nación, sin autorización del Archivo General de la Nación;
  • Mantenga, injustificadamente, fuera del territorio nacional documentos considerados patrimonio documental de la Nación, una vez fenecido el plazo por el que el Archivo General le autorizó la salida del país, y

Destruya documentos considerados patrimonio documental de la Nación.