Errores y violaciones dejarían libre a asesino serial de Tamuín

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Por estas supuestas omisiones y errores las víctimas interpondrán las denuncias  bajo la Ley de Responsabilidades Públicas y el desafuero de la diputada Martha Orta

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08 de septiembre, 2016
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Rocío López

 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Los errores judiciales, violación de derechos humanos y la inexperiencia de los representantes del Centro de Atención a Víctimas del Delito ( CAVID ), son los elementos que podrían poner en libertad al asesino serial confeso, que violó y mató a 4 niñas y a una joven en el municipio de Tamuín en San Luis Potosí.

"Los procesos están plagados de errores judiciales, al existir tales violaciones inclusive aunque sea un asesino, tiene sus derechos humanos y al  existir esas violaciones claro que es recurrible la libertad" afirmó el abogado penalista Rodolfo Monsivais.

Dijo que en el caso del auto de libertad que un juez otorgó a Filiberto Hernández, por el homicidio calificado en contra de Adriana una menor de 13 años, el criterio de  las autoridades en San Luis Potosí violentó los derechos de las víctimas al no remitirse al concepto de "Indivisibilidad", contemplado por el Estado Mexicano en acuerdos internacionales y establecido en el artículo primero constitucional, que marca que no se puede violentar un derecho por salvaguardar otro, "que es lo que están haciendo los jueces penales aquí en el estado", aseguró el abogado Monsivais.

El abogado manifestó que las personas que se asignaron para representar a las víctimas no tienen la debida preparación para llevar un caso de esta magnitud, "entonces se empiezan a plagar de errores judiciales los expedientes y a los abogados defensores eso les da toda la holgura de decir, me violentaron tales cuestiones, y lo que cuesta es un auto de libertad, aunque esté confeso".

Por estas supuestas omisiones y errores las víctimas interpondrán las denuncias correspondientes bajo la Ley de Responsabilidades Públicas del estado y municipios de San Luis Potosí, contra los malos representantes legales del CAVID, aseguró Sandra Campuzano.

También advirtieron que solicitarán el desafuero contra la diputada local Martha Orta, quien fungía como directora del CAVID y fue quien asignó a los representantes legales a quienes las víctimas les firmaron un poder para dar seguimiento al caso,sin tener la capacidad profesional para realizarlo, según la denuncia de las madres de las 4 niñas y la joven asesinadas. 

La ONG Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social  en la Ciudad de México  analiza el expediente de los casos para brindar asesoría a las víctimas.

Según las autoridades Filiberto Hernández Martínez fue trasladado en 2015 de la Huasteca Potosina a Gómez Palacio, Durango para ser recluido en un penal de máxima seguridad.