Niegan expedientes a familiares de niñas asesinadas en Tamuín

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Los familiares de las niñas víctimas del asesino serial de Tamuín denuncian que no se dio seguimiento al caso del multihomicida y exigen les entreguen los expedientes para buscar ayuda en otras instancias

09 de septiembre, 2016
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Rocío López

 

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Los familiares de las 4 niñas y la joven violadas y asesinadas en Tamuín, acudieron este día al juzgado primero de lo familiar en Ciudad Valles, para exigir a los funcionarios la entrega de los expedientes, ya que se unirán para buscar ayuda de organizaciones no gubernamentales, ante a falta de confianza en  las autoridades en San Luis Potosí.

Los padres de las niñas Romany, Rosa María, Dulce y la joven Eleonai, temen que los casos de sus hijas queden impunes, luego de que recientemente  Sandra Campuzano, madre de Adriana, se enteró que un juez le otorgó el auto de libertad a Filiberto Hernández, quien apeló el auto de formal prisión el 2 de marzo de 2015 por el homicidio calificado contra la menor Adriana Martínez Campuzano, que fue resuelto a su favor el 27 de noviembre de 2015. El Juez Primero Penal del Sexto Distrito, ordenó su inmediata y absoluta libertad.

"A parte de que nos siguen haciendo batallar, algunos ni siquiera están enterados de los expedientes y batallando con el dolor que nos están causando las mismas autoridades", denunció el señor Guadalupe Chávez, padre de Eleonai la última víctima del asesino confeso.

Guadalupe Chávez narró que cuando su hija desapareció él buscó al ejército y a los ministeriales para señalar directamente a Filiberto Hernández como el posible responsable de la desaparición de su hija, "meses antes ya había querido atrapar a mi hija, pero ella se le escapó, entonces a partir de que ella me dijo que el individuo la había tratado de ultrajar les dije que lo investigaran".

Los funcionarios en el juzgado les negaron copias de los expedientes, "híjole es que por el volumen es complicadísimo señora" dijo el juez  José Ignacio Ortega Morales ante la petición de Daniela, madre de Dulce Reyes la niña de 9 años que el asesino metió en una caja de cartón para sacarla del domicilio en donde la mató.

"Y no las quiero para el lunes, las quiero para hoy, y dinero no traigo para pagar porque me dicen que me cuestan, muy apenas si me vine de raid desde Tamuín", exigió Daniela, quien además les hizo saber que se tomaba esa decisión al ver que ante las autoridades en el estado, no hay nada que hacer.

Los primeros análisis jurídicos del expediente de Adriana Martínez Campuzano, por parte de abogadas de la ONG Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, arrojan que del año  2011 cuando fue encontrada sin vida, al año 2014,  la fiscalía  en San Luis Potosí no realizó peritajes y diligencias para investigar la muerte de la menor de 13 años y cuando fue aprendido y confesó el crimen, no se aportaron pruebas ni se dio seguimiento al caso. También aseguran que existen muchas inconsistencias en el expediente y que no hubo una correcta notificación del auto de libertad, por  lo que se recurrirá a un amparo para revocarlo.

Los familiares de las otras 4 víctimas temen que sus expedientes no hayan sido bien integrados y que la defensa de Filiberto Hernández logre su liberación, por omisiones y falta de capacidad de los representantes legales asignados por la entonces Directora del CAVID, Martha Orta, hoy diputada local, contra quien se contempla interponer un juicio de desafuero para ser sancionada por la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.